San Salvador, lunes 7 de octubre de 2019. El foro “Por un sistema de seguridad social sin discriminación en El Salvador” fue realizado con el objetivo de aportar insumos al debate y la reivindicación de la igualdad de derechos laborales para toda la clase trabajadora, especialmente de aquellos grupos sociales más invisibilizados como las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y no-binarias (LGBTQ[1]).
Este espacio de análisis fue organizado por la Red Centroamericana por la Justicia Laboral LGBTI, Capítulo El Salvador, integrada por el Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica (AMATE El Salvador), la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES) y la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).
En el foro se presentaron los resultados del estudio Sin derechos igualitarios: el acceso desigual de las personas LGBTQ a la seguridad social en el Área Metropolitana de San Salvador, 2019. Esta investigación fue realizada por AMATE El Salvador por medio de una encuesta que tuvo como muestra 384 personas LGBTQ de los municipios de San Salvador, Soyapango y Santa Tecla, identificados con mayor cantidad de cotizantes del ISSS en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y que permite estimar inferencias al resto del AMSS.
Entre los resultados destaca que la población LGBTQ del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) es muy joven. En promedio tienen 30 años de edad y el 61.5 % se ubica en el rango de 24 a 35 años. En cuanto a la escolaridad, el número de años aprobados es de 12.7, que es equivalente a bachillerato aprobado. No obstante, lo anterior, existen disparidades entre subgrupos como las mujeres trans cuya escolaridad promedio es de 10.6 años y los hombres cisgénero (gay y bisexuales) superan los 14 años (universidad incompleta).
Otros aspectos que fueron indagados en la encuesta están relacionados con las redes de apoyo (cuidados) de las personas LGBTQ, especialmente en situaciones de urgencia como abandonar el hogar por actitudes/temor a la violencia y discriminación familiar por razón de la orientación sexual o identidad de género. Ante esta indagación, una de cada tres personas LGBTQ en el AMSS contestó que había abandonado su hogar por este motivo. Más de la mitad de estas personas también respondió que cuando esto sucedió se apoyaron en amistades LGBTQ o en sus parejas LGBTQ hasta que su situación mejoró, mientras que un 22 % respondió que al abandonar su hogar se las arregló por sí mismo, no buscando/encontrando apoyo en otras personas.
En cuanto a las personas que aún siguen en el clóset, se les consultó sobre los motivos y las respuestas más frecuentes fueron temor y pudor (piensan que es un tema privado), ambas con 26 % cada una.
Otro resultado relevante es que sólo el 40.1 % de la población LGBTQ en el AMSS está cubierta por el ISSS. En comparación, la cobertura de la Población Económicamente Activa (PEA) en la misma área geográfica alcanzó el 59.4 % en 2018, lo que quiere decir que existe una brecha de casi 20 puntos porcentuales.
Los resultados sobre la situación sociolaboral de las personas LGBTQ mostraron que la mitad se encuentran excluidas del mercado de trabajo, ya sea como autoempleadas (30.7%), trabajadoras no remuneradas (5.5%) o desempleadas (13.8%).
De las personas LGBTQ asalariadas (la mitad del total), el 29% está en precariedad laboral, descubierta de seguridad social y de un contrato de trabajo.
Del grupo de personas LGBTQ trabajadoras por cuenta propia o autoempleadas (30.7 % del total), el 85 % se encuentran descubiertas de seguridad social. A las personas que no estaban aseguradas se les preguntó si conocían que, desde mayo de 2018, como trabajadoras por cuenta propia pueden acceder a los servicios del ISSS por un pago mensual de USD 40, a lo cual la mitad contestó afirmativamente y de estos el 63 % respondió que le interesaría afiliarse, lo que representa una oportunidad para el referido Instituto. En cuanto a las condiciones en las que las personas LGBTQ cuentapropistas realizan su trabajo, nuevamente la precariedad es la característica predominante. Apenas el 45% de este subgrupo logra procurarse un salario mínimo (USD 300) al mes, alrededor de un 40 % se dedica al comercio informal y un 22 % al trabajo sexual, que es mayoritariamente ejercido por mujeres trans.
Así mismo, se encontró que un 13.7% de las personas LGBTQ manifiestan estar en situación de desempleo, es decir, que no tienen una ocupación remunerada y que buscan activamente un empleo. Comparativamente la tasa de desempleo general en el AMSS durante el año 2018 fue de 5.9% (DIGESTYC, 2019).
La última sección de la encuesta tuvo como propósito conocer el perfil familiar de la población estudiada. En esta indagación, un 40 % de las personas LGBTQ del AMSS manifestó que había convivido con una persona del mismo sexo[2]manteniendo una relación estable por más de un año. De este porcentaje un 53 % estaba en una pareja en la que una de las dos personas cotizaba ISSS mientras la otra no. En otras palabras, hasta un 21 % del total de personas LGBTQ del AMSS podría acceder como beneficiaria al régimen de salud del ISSS si esta institución otorgara las mismas prestaciones que gozan las parejas de sexo contrario. Una medida así equipararía la cobertura de las personas LGBTQ con la de la Población Económicamente Activa en el AMSS, reduciendo las desigualdades y mejorando las condiciones económicas y de salud para aquel grupo social. En este escenario, los servicios de salud brindados por el Ministerio de Salud (MINSAL) también se favorecerían con una menor demanda, ya que esta pasaría a ser absorbida por el ISSS.
La propuesta principal tras los hallazgos de esta investigación es que el Órgano Ejecutivo debe realizar reformas al reglamento del ISSS que garanticen a las personas LGBTQ acceso igualitario a los beneficios del régimen a través del reconocimiento de las uniones de hecho de parejas del mismo sexo. Una medida de este tipo fortalecería el rol del sector estatal dentro de la organización social de los cuidados para las personas LGBTQ, mejorando sus condiciones sanitarias y económicas y las de sus familias, y a la vez serviría para disminuir la precariedad generalizada y las desigualdades entre personas heterosexuales y LGBTQ.
Las reformas planteadas, así como cualquier otra cuyo fin sea ampliar la cobertura del ISSS, significa un esfuerzo para las finanzas del Instituto. Por ello, aparejado a los cambios institucionales, el Estado salvadoreño debe promover también reformas fiscales y contributivas progresivas (a mayor ingreso, mayor aporte) que le den sostenibilidad a las medidas que se emprendan. Las organizaciones sindicales y sociales progresistas deben tener un rol protagónico en estas reivindicaciones justas para que puedan volverse realidad.
Estudio completo disponible en https://bit.ly/2ANlwRo
Para más información amate.elsalvador@amate.org.sv
[1] Aunque en El Salvador la sigla más utilizada es LGBTI (personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales), en este documento se utiliza LGBTQ ya que no fue posible abordar personas intersexuales y, por otro lado, sí fueron abordadas personas que se identificaron de género no-binario o queer.
[2] Teniendo en cuenta que la Asamblea Legislativa del país aún no aprueba una Ley de Identidad de Género, a las personas trans se les pidió responder acorde al sexo que se les fue asignado al nacer
